Ya no hay duda de que el siglo XX ha sido un momento transformador en la vida de las mujeres. Tanto los derechos adquiridos, sean sociales y/o políticos, instaurados en pactos internacionales y legislaciones nacionales, así como la presencia que hemos logrado en los espacios de poder son hechos verdaderamente transformadores que han visibilizado nuestra presencia y nuestro aporte a la construcción democrática.
Ejemplo de ello, es el derecho a elegir y ser elegidas, que, en el caso de las mujeres de muchos países latinoamericanos, recién accedieron a ello en la segunda mitad del siglo XX. Este hito estuvo acompañado por la incorporación de los derechos de las mujeres a la Declaración Universal de los Derechos Humanos –ONU-, así como por la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación de la Mujer –CEDAW- en 1979.
También es preciso destacar como hecho trascendente la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer -"Convención de Belem do Pará"- de 1994, que permite identificar lo que se entiende por violencia contra la mujer. Este instrumento deja claro que cualquier hecho de este tipo es una violación a los derechos humanos de las mujeres y exhorta a su incorporación en calidad de norma constitucional en los Estados latinoamericanos.
Pese a esto, es importante mencionar también que en América Latina siguen existiendo dificultades para el pleno ejercicio de nuestros derechos, lo que justifica el gran trabajo que queda aún por hacer en esta materia desde el Estado, las organizaciones sociales y los movimientos políticos. A pesar de la incorporación de las mujeres al ámbito productivo de nuestros países, como trabajadoras estatales, del sector privado o social, existe una marcada diferencia entre el salario que perciben las mujeres y los varones que ocupan el mismo puesto, con una brecha salarial que oscila entre un 15% y un 30%[1].
Por otro lado, el avance de las legislaciones en los casos de violencia por razones de género ha sacado a la luz y puesto ante la justicia situaciones que anteriormente estaban completamente naturalizadas. Sin embargo, debemos seguir insistiendo en que las legislaciones y los esfuerzos de los Estados en estos temas no son suficientes, ya que, según datos de CEPAL y Naciones Unidas, en 2018 al menos, 3.500 mujeres fueron víctimas de femicidio en América Latina y el Caribe[2].
La desigualdad persiste entre hombres y mujeres, no solo en nuestro continente, ya que se siguen asignando tareas o roles de acuerdo con el sexo: los cuidados siguen estando asignados a ellas, que quedan limitadas con respecto a los varones para ocupar cargos políticos.
Mujeres latinoamericanas
Cierto es que la posibilidad de discutir sobre estos temas, visibilizar las problemáticas que afectan a las mujeres y proponer nuevas acciones en pos de la equidad de género para nuestros países es mérito de los movimientos políticos y sociales surgidos en los últimos años, así como también de los liderazgos y protagonismos que tuvieron muchas otras mujeres latinoamericanas a lo largo de la historia.
Desde la Red de Liderazgo Iberoamericano para el Desarrollo queremos aprovechar la conmemoración del Día Internacional de la Mujer para reconocer la incidencia política, social y cultural de grandes personalidades latinoamericanas que han abierto camino para hacer efectivos nuestros derechos. Personalidades como Eva Duarte (Argentina); las Hermanas Mirabal -“Las Mariposas”- (Colombia); Juana Azurduy (Bolivia); Leona Vicario (México); Madres y Abuelas de Plaza de Mayo (Argentina); Gabriela Mistral (Chile); Eulalia Guzmán (México); Hermila Galindo (México); Manuela Sáenz (Perú); Rigoberta Menchú (Guatemala); Matilde Hidalgo (Ecuador); Policarpa Salavarrieta –Pola- (Colombia); Dolores Cacuango (Ecuador) y muchas otras han luchado por la equiparación entre varones y mujeres en nuestro continente en diversos ámbitos, abriendo espacio a nuevas luchas en defensa de nuestros derechos.
Desafíos 2020 para Latinoamérica
En 1995, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing se defendía la incorporación de una perspectiva de género como un enfoque fundamental y estratégico para alcanzar los compromisos en igualdad. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, resultante de la conferencia, insta a los Estados, organizaciones internacionales y organizaciones sociales a tomar medidas en este sentido.
Hoy, 25 años después, se reconocen los avances logrados, pero el horizonte sigue siendo el mismo: incorporar la perspectiva de género en los proyectos y programas dedicados al desarrollo de los países, a los fines de alcanzar sociedades equitativas. La agenda 2030 marca a los Estados, en este sentido, una serie de objetivos que deben asumir. Por un lado, la necesidad de trabajar junto con otros actores sociales -otros niveles de gobierno, sectores sociales y privados-, para lograr soluciones efectivas a las problemáticas de la desigualdad y la violencia que sufren las mujeres. Por otro lado, la urgencia de reconocer que vivir en una sociedad libre de violencias, donde no se vulneren derechos, es condición necesaria para el desarrollo.
El papel de los Estados es esencial, como vemos. Pero, además de esto, es momento de que cada una de nosotras reflexionemos profundamente sobre nuestro rol fundamental en la sociedad y sigamos trabajando juntas para afianzar los logros alcanzados.
El desarrollo será de la persona y de todas las personas. Una sociedad será desarrollada si las personas que la componen alcanzan su pleno desarrollo. Pero para ello se debe garantizar el derecho a ejercer una vida libre de violencias.
Carla Tassile
Red de Liderazgo Iberoamericano para el Desarrollo