A finales del pasado mes de septiembre el Tribunal Constitucional de Italia decía sí al suicidio médicamente asistido, afirmando que no es delito y que «no se puede castigar a quien ayuda al suicidio en determinadas condiciones». En concreto, se refiere a situaciones en las que un paciente se mantiene en vida con tratamientos de apoyo vital y está afectado por una patología irreversible, fuente de sufrimientos físicos y psicológicos que él considera intolerables, pero es plenamente capaz de adoptar decisiones libres y en plena conciencia.
A esta decisión se llega después de un caso dramático que dividió a la sociedad italiana. En febrero 2017 el conocido Dj Fabiano Antoniani, milanés de 39 años, tetrapléjico y ciego después de un accidente de tráfico que sufrió en el 2014, murió en una clínica de Zurich (Suiza) con suicidio asistido, pagando 10.000 euros. Le acompañó Marco Cappato, exdiputado radical y exeuroparlamentario, miembro de la Asociación Coscioni a favor de la eutanasia legal, que se autodenunció. Contra él se abrió un proceso porque, según el artículo 580 del Código penal italiano, Cappato cometió el delito de instigación o ayuda al suicidio, castigado con pena de cárcel entre 5 y 12 años. El Tribunal de Milán suspendió el proceso y pidió el parecer del Tribunal Constitucional que se pronuncia ahora.
Para llegar a esta sentencia, que en la práctica supone legalizar el suicidio médicamente asistido, el Tribunal Constitucional tuvo en cuenta el informe del Comité Nacional para la Bioética, el máximo organismo consultivo del gobierno italiano sobre esta materia, hecho público a finales de julio. Dicho informe está colgado en la web del citado organismo en italiano y también en inglés. Por su interés, y dado que no todo el mundo tiene don de lenguas, ofrecemos a los usuarios de nuestro Observatorio la traducción al español de este documento: agradecemos a D. Jesús Andrés López Calvo la valiosa colaboración que nos ha prestado.